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Proyectos REDD+ y créditos de carbono de alta calidad, ¿cuál es su relación?

Actualizado: 6 abr



La protección, conservación, restauración y manejo de los bosques contribuyen actualmente como una importante estrategia de mitigación[1] de las varias que fomentan, a su vez, el desarrollo sostenible. Así quedó consignado en el Pacto Climático de Glasgow, en el marco de la pasada Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), en donde se destaca la importancia de proteger, conservar y restaurar la naturaleza y ecosistemas para lograr el objetivo de temperatura del Acuerdo de París, incluso a través de bosques y otros ecosistemas terrestres y marinos que actúan como sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, protegiendo la biodiversidad, al mismo tiempo que se garantizan salvaguardas sociales y ambientales.


En la citada COP, también se destacó el rol de los custodios forestales (pueblos indígenas y comunidades locales) y se manifestó el compromiso para la provisión de financiamiento forestal que ayude a clarificar los derechos sobre la tierra de las comunidades locales, fomentar el adecuado uso del suelo y frenar la deforestación mediante programas y políticas agrícolas sostenibles.


Pese a lo anterior, los países tropicales que poseen gran cantidad de los bosques del mundo y que, por esa y otras razones son particularmente vulnerables al cambio climático, en la actualidad no cuentan con las políticas, capacidades y recursos, para tomar las medidas para frenar los cambios de uso del suelo, los motores de la deforestación y el derecho de tierras, como es el caso de Colombia[2].


Algunas estrategias de restauración y conservación forestal, pese a no tener como finalidad atacar los motores de la deforestación[3] y combatir la ilegalidad de las prácticas inadecuadas del uso del suelo, de manera indirecta, sí logran contribuir a menguar esas problemáticas, cuyo origen radica, en ocasiones, en las mismas comunidades que actúan como protectores forestales, quienes practican la quema, la tala o el pastoreo para obtener un provecho económico o para su sustento.


Dentro de esas estrategias de conservación, resaltan los proyectos REDD+[4] que, al ser desarrolladas de manera adecuada, cumplen con parámetros de legalidad y fomentan la gobernanza forestal[5], en otras palabras, la garantía del respeto de las salvaguardas socio-ambientales[6], los derechos de propiedad y tenencia sobre los territorios colectivos y el arraigo y prácticas culturales ligadas a ellos, la participación efectiva de los custodios forestales (pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas) en la adopción de las decisiones, la equitativa distribución de beneficios, entre otros.


En consecuencia, las iniciativas REDD+, deben observar además de los criterios de calidad en términos técnico-ambientales (en esencia, el adecuado establecimiento de la línea base[7], los criterios de adicionalidad[8] y permanencia[9], el análisis de la incertidumbre en la cuantificación de las emisiones de GEI y evitar las fugas negativas[10]), el cumplimiento normativo, que complementa y eleva la integridad y la calidad de los créditos de carbono[11].


Cada vez más empresas, bien sea por la vía de la no causación del impuesto al carbono o por fines reputacionales o responsabilidad social corporativa, optan por compensar sus emisiones de GEI a través de créditos de carbono forestales, sin embargo, dentro de su análisis de riesgos, las compañías contemplan que esos créditos o bonos de carbono forestales sean no sólo ambientalmente creíbles o confiables, sino que efectivamente generen co-beneficios o impactos sociales positivos en la calidad de vida de las comunidades guardianas de los bosques, característica que hace parte de los proyectos implementados con calidad técnico-legal.


El proyecto Delfines Cupica REDD+, desarrollado por Biofix Consultoría mancomunadamente con los Consejos Comunitarios de Delfines y Cupica ubicados la zona de Bahía Solano y Juradó en el Chocó y el proyecto YAAWI IIPANA REDD+, llevado a cabo con el Resguardo Indígena Morichal Viejo, Santa Rosa, Cerro Cocuy, Santa Cruz, Caño Danta y otros en Guaviare, son claros ejemplos de iniciativas que han generado bonos o créditos de carbono con altos estándares de calidad.


Lo anterior ha sido posible por el compromiso de las comunidades étnicas, quienes han trabajado de manera armónica para sacar adelante las iniciativas de conservación, lo cual fue posible gracias a la correcta aplicación de los estándares técnicos, pero también en razón de la observancia constante de los parámetros normativos antes mencionados y del fortalecimiento de la gobernanza territorial y forestal, proyectos que han minimizado el impacto generado por la deforestación y la degradación forestal a través de una visión integral de desarrollo sostenible del territorio.


Para conocer más sobre los proyectos REDD que se adelantan en Colombia entre BIOFIX Consultoría y comunidades afro e indígenas, le invitamos a visitar: www.biofix.co



Escrito por: Diego Felipe Cely Escobar, Abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Ambiental, estudiante de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), y Director Jurídico de BIOFIX CONSULTORÍA.


[1] Entendida como el esfuerzo humano encaminado a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de Gases de Efecto Invernadero (IPCC, 2014).
[2] Según lo expresado por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2015, Colombia es un país potencialmente forestal, con más de 60 millones de hectáreas de bosques naturales, es decir, poco más de la mitad del territorio, por lo que le conviene generar acciones y medidas que contribuyan a la reducción de emisiones de GEI que incluyan la protección forestal.
[3] Como la minería ilegal, siembra de cultivos ilícitos, ganadería extensiva, entre otros. 
[4] Reducción de Emisiones a causa de la Deforestación y la Degradación de los bosques. 
[5] Relacionada con la gestión ambiental forestal participativa, coordinada y democrática. 
[6] Introducidas en los Acuerdos de Cancún en el año 2010, COP 16. 
[7] Es el escenario más probable de ocurrencia según la dinámica de deforestación histórica y sobre el cual un proyecto de mitigación pretende generar adicionalidad. 
[8] Es el conjunto de actividades realizadas por el proponente del proyecto que generan un cambio en el comportamiento del escenario de línea base y aporta a la reducción de emisiones de GEI y están impulsadas por la iniciativa de mitigación.
[9] Es la garantía de que los depósitos de carbono sean estables para que no sean emitidos, es decir, una garantía de que la iniciativa siga existiendo. 
[10] Reducción de emisiones del proyecto que da lugar a mayores emisiones en otro lugar. 
[11] Un crédito de carbono es igual a una tonelada de CO2 equivalente. 

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