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Mercados y desarrollo sostenible: dos caras y un objetivo

Actualizado: 13 abr

La recientemente sancionada Ley de Acción Climática estipula, entre muchas otras medidas, la plena implementación del Programa Nacional de Cupos Transables (PNCT) para el año 2030 y con ello el establecimiento del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en Colombia como herramienta de mercado para gestión del cambio climático.

El programa tiene sus inicios normativos con la Ley 1931 de 2018 o Ley de Cambio Climático y busca - al igual que el impuesto al carbono - la internalización de costos ambientales en la economía. Bajo esta lógica, tanto el impuesto al carbono como el PNCT tienen como objetivo incentivar la reducción de emisiones al generar un costo asociado a la emisión Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el proceso productivo. En otras palabras, “contaminar me cuesta” o “si contamino pago” y, en la medida en que los cupos se hagan más escasos y el impuesto más costoso, resulta más económico para las empresas implementar medidas para reducir sus emisiones.


Ahora bien, tenemos que entender la diferencia entre el impuesto al carbono con el mecanismo de no causación y el PNCT. En el primero de estos, el gobierno fija un valor asociado a las emisiones de combustibles fósiles y las empresas tienen la opción de pagar este impuesto o comprar un offset -bono de carbono – que comúnmente tiene un valor inferior al impuesto. En este caso, se paga por la tonelada de CO2 (tCO2eq) reducida o captada.


En el PNCT, el gobierno fija un límite o techo a las emisiones y asigna unos cupos que podrán ser asignados a las empresas de manera gratuita – en las primeras etapas de implementación - o mediante subastas[1] donde el precio es dado por el libre mercado. Acá se paga por el derecho a emitir una tonelada de CO2 y estos cupos se van reduciendo a lo largo del tiempo conforme a los objetivos ambientales[2]. En resumen, con el offset se compensa y el precio está dado por el impuesto al carbono y con el cupo se tiene el permiso para emitir y el precio es dado por oferta y demanda.


De esta manera, se tienen dos mecanismos de mercado distintos para el cumplimiento de los objetivos ambientales y cuyo aumento en precio determina el costo de oportunidad entre emitir o invertir en medidas de mitigación de GEI. Esto hace que la reducción de emisiones se lleve a cabo de forma costo eficiente.


Lo anterior trae consigo múltiples interrogantes frente a su implementación, alcance sectorial, estructura de precios y demás factores relacionados con la articulación y el funcionamiento entre ellos. De otra manera, “si ya pagué el impuesto al carbono, ¿debo pagar el cupo?”.


La respuesta no es tan directa, la articulación debe ser clara frente al alcance y buscar una complementariedad entre ellos. Actualmente el impuesto cubre las emisiones de CO2 asociadas a los combustibles fósiles[3] y estás suman cerca del 27% del total de las emisiones en Colombia con alrededor de 157 millones de toneladas.


Con esto, existe un margen de acción para el PNCT de cerca de 73% de las emisiones totales, no obstante, la mayoría de estás emisiones provienen del sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y otros usos del Suelo) y la inclusión de dicho sector al PNCT presenta múltiples dificultades técnicas, institucionales y normativas por las características propias del sector en nuestro país y a nivel mundial. De hecho, en la actualidad el único país que lo incluye dentro de su SCE – PNCT en Colombia- es Nueva Zelanda con el sector forestal


No obstante, esto no es una limitante para la conservación ya que cerca del 84% de las compensaciones realizadas mediante el mecanismo de no causación provienen de iniciativas del sector forestal y proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).


Si bien es cierto que el sector presenta dificultades para su inclusión dentro del PNCT el impacto que ha tenido el mecanismo de no causación ha fortalecido la conservación de bosques, reforestación participativa y el desarrollo de múltiples comunidades a lo largo del territorio nacional.

Desde Biofix Consultoría, junto con los Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios, hemos podido proteger cerca de 1.3 millones de hectáreas y también se han podido beneficiar a aproximadamente 50.000 familias donde la ejecución de recursos por parte de las comunidades se centra en el fortalecimiento institucional y de gobernanza; salud, educación e infraestructura; monitoreo y reforestación participativa y negocios verdes y protección de la biodiversidad. El ejemplo es claro y el mercado ha permitido que cerca de 9 consejos comunitarios y 16 resguardos indígenas hagan parte de la apuesta para el desarrollo sostenible.


Bajo esta coyuntura, la alternativa parece clara y es buscar la complementariedad entre mecanismos ya que la falta de regulación no es excluyente con los objetivos ambientales ni con la apuesta hacia el desarrollo sostenible. La implementación y diseño del PNCT debe ir hasta donde sea necesario y el fortalecimiento del mercado actual hasta donde sea posible. De manera práctica, “lo que funciona con uno que se complemente con el otro”. Estaremos atentos y trabajando en pro del ambiente y buscando alternativas óptimas para el funcionamiento de los mercados.


[1] El recaudo derivado entraría al erario. [2] Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) [3] ACPM, GLP, Jet Fuel, Fuel Oil y gasolina.


David Diaz, Director de Operaciones

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